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Formación en TEA

Formación en TEA en la Superintendencia de Educación: lo que la transparencia revela

Publicado el 13 de febrero de 2026


¿Por qué pregunté?

Como muchas personas vinculadas al mundo de la educación especial, he seguido de cerca la implementación de la Ley N°21.545 —la Ley de Autismo— y la Circular N°586 que la Superintendencia de Educación emitió en diciembre de 2023 para orientar su aplicación en los establecimientos. Una ley importante, una circular técnicamente exigente, y un organismo —la Superintendencia— con la responsabilidad de fiscalizar que los colegios la cumplan.

A partir de la experiencia vivida en mi propia institución y conversada con docentes de otros establecimientos, me llevó a una pregunta simple: ¿cuánto saben sobre autismo quienes van a fiscalizar a nuestros colegios?

Para responderla, presenté una solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 20.285. El número de seguimiento es AJ011T0013939, y la respuesta llegó el 13 de febrero de 2026 mediante el Ordinario 10DJ TRA N° 0201.


Lo que solicité

Pedí información detallada sobre todas las capacitaciones en Autismo impartidas al personal de la Superintendencia entre enero de 2023 y diciembre de 2025:

Es exactamente el mismo nivel de detalle que la Superintendencia exige a los establecimientos cuando fiscaliza nuestras propias capacitaciones sobre autismo.


Lo que me respondieron

La respuesta identificó tres fuentes de capacitación en el período solicitado:

InstanciaPeríodoHorasCapacitadosSin capacitarCriterios de aprobación
Funcionarios de Protección de Derechos29 enero 20241 horaNo informadoNo informadoNinguna
Funcionarios de Fiscalización30 enero 20241 horaNo informadoNo informadoNinguna
Funcionarios de Fiscalía31 enero 20241 hora7343Ninguna
Intendencia de Ed. Parvularia12 marzo 20241 horaNo informadoNo informadoNinguna
Div. Fiscalización — encargados regionalesNov 20241,5 hrs1 por regiónNo informadoNinguna
Curso CINTEC — Gestión de PersonasNov–Dic 202416 hrs27821Asistencia + prueba escrita

Comentarios a lo informado

1. Capacitaciones enero–noviembre 2024

Llama la atención no solo el escaso tiempo destinado a estas capacitaciones, sino también el enfoque del material utilizado. La presentación empleada tiene una orientación predominantemente fiscalizadora: organiza los contenidos en torno a las “obligaciones específicas para los establecimientos”, es decir, qué deben cumplir los colegios, no cómo apoyar a que lo logren.

Lo que está ausente es igualmente revelador. No hay nada sobre cómo reconocer las necesidades sensoriales de un estudiante autista en el aula, cómo comunicarse eficazmente con sus familias, qué implica la neurodiversidad en términos de variabilidad real entre personas, ni estrategias concretas de acompañamiento emocional.

La propia Circular N°586 declara que su propósito es un “cambio de paradigma que debe involucrar a toda la comunidad educativa”. La capacitación que la Superintendencia dio a sus propios funcionarios no refleja ese espíritu: es un resumen jurídico, no una formación transformadora.

Un dato transversal a todas las instancias: ninguna de las capacitaciones internas contempló mecanismo de evaluación ni aprobación exigible a los participantes.

2. Curso CINTEC, 16 horas (noviembre–diciembre 2024)

El único curso con mayor extensión fue ejecutado por la Fundación CINTEC, en modalidad virtual sincrónica, con un costo de $2.000.000. Contempló evaluación por asistencia y prueba escrita.

Sin embargo, solo 27 funcionarios fueron capacitados. 821 quedaron sin este curso — más del 96% del personal del servicio. Incluso en 8 regiones no se incluyó a ninguno de sus funcionarios en esta instancia.


La paradoja que no puedo ignorar

La Superintendencia de Educación exige a los establecimientos que todos los años capacitemos sobre autismo al 100% de nuestros funcionarios, informemos en detalle quiénes fueron los relatores y presentemos el material usado. Sin embargo, sus propios fiscalizadores —las personas que van a los colegios a verificar el cumplimiento de la Ley de Autismo— recibieron, en el mejor de los casos, hora y media de formación, sin evaluación y sin certificación.

Esto no es un juicio a quienes trabajan en la Superintendencia. Es una pregunta sobre la coherencia entre lo que se exige afuera y lo que se practica adentro.


¿Qué podría cambiar?

Dos medidas merecen discutirse:

  1. Evaluación periódica —al menos anual— de los funcionarios en las normativas que fiscalizan, incluida la Ley de Autismo. No como mecanismo punitivo, sino como garantía de un piso común de conocimiento.

  2. Prueba de conocimientos normativos en los procesos de selección de fiscalizadores, similar a lo que ya aplica el Ministerio Público.

Ninguna de estas medidas requiere recursos extraordinarios. Requieren decisión institucional.


Las familias de niños, niñas y adolescentes autistas merecen que el organismo que vela por sus derechos educativos esté a la altura de lo que exige. Y las comunidades educativas merecen ser fiscalizadas con criterios sólidos, uniformes y bien fundados.

La información citada proviene de la respuesta oficial de la Superintendencia de Educación a la solicitud de transparencia N° AJ011T0013939, entregada el 13 de febrero de 2026 mediante el Ordinario 10DJ TRA N° 0201.


Temas: Política Educativa, Inclusión, TEA, Fiscalización, Transparencia