En los últimos meses publiqué dos análisis sobre la Superintendencia de Educación. El primero mostraba que sus propios fiscalizadores recibieron entre 1 y 1,5 horas de capacitación en autismo —sin evaluación, sin certificación— mientras la Ley N°21.545 exige a cada colegio capacitar al 100% de su personal con registro detallado de relatores, temáticas y materiales. El segundo analizaba las denuncias de 2025: 1 de cada 3 sin fecha de cierre, tiempos sin estándar, y los casos más graves —maltrato, discriminación, situaciones de connotación sexual— como los menos resueltos.
Ambos análisis dejaban abierta una pregunta que no había respondido directamente: ¿quiénes son, en términos de formación, las personas que fiscalizan la educación chilena?
Decidí buscarlo en los datos públicos.
El perfil de los 250 fiscalizadores¶
La Superintendencia de Educación tiene 889 funcionarios entre planta y contrata (febrero 2026). De ellos, 250 ejercen como fiscalizadores —la primera línea que visita colegios, revisa protocolos, evalúa prácticas y puede sancionar incumplimientos.
El perfil dominante de esos 250 fiscalizadores es este:
| Formación | N° | % |
|---|---|---|
| Contadores Auditores o Públicos | 103 | 41% |
| Administradores Públicos | 31 | 12% |
| Ingenieros Comerciales | 30 | 12% |
| Formación docente o de párvulos | 32 | 12,8% |
| Ingenieros en Administración o Empresas | 22 | 9% |
Es decir, el perfil mayoritario es financiero y administrativo. Algo comprensible para un organismo que también fiscaliza recursos, contratos y gestión. Pero la Superintendencia no solo fiscaliza eso: fiscaliza la implementación de normativas pedagógicas, protocolos de inclusión, planes de acompañamiento individuales y convivencia escolar.
Y para eso, el perfil importa.
Una formación docente escasa y sin especialidad¶
De los 32 fiscalizadores con formación docente, la mayoría son Profesores de Educación Básica o Educadoras de Párvulos —perfiles generalistas, valiosos, pero sin especialidad en asignatura. Solo 7 tienen mención en Historia y Geografía.
El 83,7% del personal del servicio no tiene formación vinculada a la educación ni a las ciencias sociales.
Esto no es un juicio a las personas. Es una pregunta al modelo.
Las preguntas que los datos plantean¶
¿Puede un Contador Auditor evaluar si una escuela está implementando bien su Plan de Mejoramiento Educativo? ¿Puede un Ingeniero Comercial identificar una mala práctica pedagógica en el aula? ¿Puede alguien que recibió una hora de formación online sobre autismo —sin evaluación y sin certificación— determinar si el Plan de Acompañamiento de un estudiante autista es genuinamente adecuado, o es simplemente un formulario cumplido?
Talvez sí. Pero no es casual que las comunidades educativas reporten con frecuencia criterios dispares entre fiscalizadores, orientaciones que varían según quién visita el establecimiento, e interpretaciones que parecen más personales que jurídicas.
Eso no es culpa de los funcionarios: es el resultado esperable cuando la formación es insuficiente y no existen estándares que garanticen un piso común de conocimiento.
Un problema de diseño institucional¶
Lo que estos datos revelan no es un problema de personas. Es un problema de diseño institucional.
Un organismo que fiscaliza educación debería garantizar que quienes ejercen esa función comprendan en profundidad lo que evalúan. Eso implica, al menos, tres cosas:
Un perfil mínimo de conocimientos pedagógicos y normativos para acceder al cargo de fiscalizador.
Una política de formación continua real —no charlas de una hora sin evaluación—.
Una evaluación periódica de las normativas que están llamados a aplicar.
Ninguna de estas medidas requiere recursos extraordinarios. Requieren decisión institucional.
Lo que viene¶
En el próximo análisis cerraré esta serie conectando los tres elementos: el perfil de los fiscalizadores, la formación en autismo y los datos de denuncias. Porque cuando se leen juntos, cuentan una historia coherente sobre un sistema que exige hacia afuera lo que no garantiza hacia adentro.
Los datos provienen de la Transparencia Activa de la Superintendencia de Educación, planta y contrata, febrero 2026.
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